El asalto a la vuelta de la esquina

Por Hector Santella Quintero
Profesor de los Departamentos de Derecho Administrativo y Constitucional

Que Colombia es un país inseguro ya lo sabemos. Lo que produce escozor después de esta pasada semana, en la que el carrusel de malas noticias que suelen ser los titulares de prensa ha puesto a los asaltantes en primera plana, no solo es saber que por un celular nos pueden quitar la vida, sino además, que ni siquiera nuestra Constitución, esa que consagra los derechos que se nos desconocen a diario, está a salvo de quienes juraron cumplirla.

A comienzos de la semana una infame banda de asesinos ladrones de celulares nos recordó una vez más que en este país, todavía, una vida no vale nada, y que volver a casa caminando es un lujo que aún no nos podemos permitir. Qué tristeza. Ninguna estadística macroeconómica que se revele, ningún TLC que se celebre, ningún prohombre que nos gobierne o asesore, ninguna reforma constitucional o legal que se apruebe podrá significar un verdadero cambio para el país mientras tengamos que seguir viendo esta clase de cosas. Mientras no asumamos que la vida es sagrada y que caminar de noche no es un pecado, una imprudencia, ni mucho menos una invitación o una provocación a los delincuentes, este país seguirá hundido en el más oscuro de los atrasos: el mental; y, lo que es peor, en el ya terminal letargo social que nos aqueja desde siempre. Aunque la fuerza de la repetición ha terminado por hacer de estos episodios parte normal de nuestra realidad, la postración social es tal que a día de hoy, pasado el revuelo inicial, ya se pueden oír en algunas emisoras de mal gusto o en la calle chistecitos flojos sobre el tema. O es normal o es algo que no se puede cambiar, así hay que olvidarlo y reírse… y, por supuesto, no dar papaya (¡!). No es justo…

Al finalizar la semana los asaltantes volvieron a cobrar protagonismo. Esta vez no esperaban a alguien en lo oscuro para quitarle un reloj, unos pesos o un futuro prometedor; estaban cómodamente pertrechados en el Capitolio Nacional. En ejercicio del poder de reforma a la Constitución que el propio texto constitucional (que juraron cumplir) les concede, primero en grupo y a puerta cerrada y después en pleno, el Congreso de la República acometió el más aleve de los atentados que ha sufrido la Carta de 1991. Como si fuera un botín, y pisoteando el mandato constitucional que les ordena representar al pueblo y actuar “consultando la justicia y el bien común” (artículo 133 CP), se repartieron fueros, privilegios, prebendas, se bloquearon molestos procesos futuros, se plantaron nulidades procesales o boletas de excarcelación para los amigos investigados… Es la oportunidad, habrán pensado… Ningún legislador legisla en su contra, se atrevió a decir cínicamente alguno de los responsables, pasando enseguida a manifestar con pomposa ecuanimidad que “hay que aterrizar” y que en nuestra realidad hay cosas más importantes de qué ocuparse (habría que preguntarse entonces por qué no lo habrán hecho ellos, para evitarnos así el disgusto a los dolientes de la Constitución)…

Mientras se ven, se oyen o se leen las noticias sobre cómo se terminó la reforma es difícil evitar imaginarse una nube negra que se cierne sobre la sede del Parlamento y, ensombreciéndolo todo, lo convierte en un mohoso escondite donde cualquier cuadrilla siniestra se reúne en secreto para llevarse la tajada que les corresponde. Qué vergüenza. Y qué tristeza, porque el botín que estaban repartiendo era nuestra Constitución y su esquema de pesos y contrapesos; ese que la Asamblea Nacional Constituyente estatuyó pensando en poner fin a las malas prácticas políticas que justificaron su convocatoria. Las mismas que nunca se han logrado erradicar y que la “locomotora de la impunidad” de la reforma pensaba profundizar y perpetuar obscenamente.

Aunque igualmente graves y execrables, la reacción general frente a estos dos asaltos no ha sido la misma. Infortunadamente. El primero se perdió ya en la oleada de malas noticias de todos los días y en nuestra indiferencia y pésima memoria; males que nos condenan a tener que seguir viviendo esta tragedia con otros nombres y en otras partes hasta que asumamos que más que un drama exclusivo de una familia, estas situaciones deben enlutar, preocupar y movilizar a la sociedad entera. El segundo, en cambio, ha despertado una revuelta social y mediática excepcional. Tanto que con la renuncia del Ministro de Justicia esta corriente ha terminado por revivir una figura que, como la responsabilidad política, parecía haber desaparecido hace años de nuestro medio.

Frente a los asaltantes asesinos la Constitución nos impone, por un lado, confiar en que las autoridades se encargarán de hacer efectiva la responsabilidad que les cabe por sus delitos; y, por otro, reivindicar con firmeza el valor de la vida y la necesidad de repetir hasta que se haga realidad el elemental precepto según el cual la vida es sagrada. Frente a quienes han perpetrado el ruin asalto a la Constitución so pretexto de reformarla, la propia Carta exige un posicionamiento más activo por parte de la comunidad. No basta con esperar a que las autoridades actúen para que los responsables paguen por hacer de su texto un botín –en últimas, a pesar de lo grotesco que resultó el espectáculo de un Congreso que legisla sin pudor en causa propia, la insólita reforma del A. L. 01 de 2011, que añadió “un paragrafito” al artículo 183, eliminando los conflictos de intereses, inhabilidades o incompatibilidades en la discusión y votación de modificaciones a la Constitución, dificultará estas investigaciones-. Aun cuando la legislación de mecanismos de participación no haya previsto la revocatoria del mandato de los parlamentarios, es claro que tanto el principio participativo como el Estado de Democrático de Derecho obligan a que se exija y haga efectiva la responsabilidad política que le corresponde a los representantes del pueblo cuando, como ocurrió en este caso, dan muestras probadas de su desprecio por el mandato constitucional de obrar como tal, consultando únicamente sus intereses y provecho personal. Que cuando menos en el democrático reino de internet y las redes sociales se haga oír la voz del hastío y la indignación.

Paz en la tumba de Juan Guillermo Gómez.

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