El deber de la transparencia

El deber de la transparencia

Por: Saúl Sotomonte.
Profesor emérito de la Universidad Externado de Colombia.

Quienes administran bienes ajenos están obligados al “deber de transparencia”, lo que implica que la gestión se desarrolle en forma nítida, de manera que no haya lugar a duda alguna. Razón por la que sus beneficiarios pueden solicitar toda la información necesaria, lo que se ve truncado cuando no se da completa o a tiempo. Este derecho se protege también mediante la institución de la Revisoría Fiscal, de la que se exige además transparencia y profesionalismo, pero que no siempre puede hacerlo, especialmente cuando los fiscalizados de manera directa o subrepticia intervienen en su nominación. Queda el recurso al control que ejerce el Ministerio de Educación y los demás entes adscritos al mismo.

Saúl Sotomonte, profesor emérito de la Universidad Externado de Colombia.

En el caso colombiano las cosas no siempre han transcurrido dentro del marco de la ética y el orden jurídico. La falta de transparencia se esconde en discursos moralistas y en el mutuo encubrimiento debido a mezquinos intereses que la sociedad de consumo y el deseo de figuración estimulan, propio de los “tiempos líquidos” de los que nos habló Zygmunt Bauman, en donde todo está permitido si responde a mis intereses personales o del grupo.

Algunas personas aprovechándose de que los sistemas de control no han podido o no han querido evitar o remediar los problemas, han desnaturalizado la finalidad de estos entes y los han creado o los han convertido en instituciones de beneficio personal y en ocasiones de orden familiar, generando abusos de poder que se pueden convertir en verdaderos actos de corrupción.

Nicolas Pinzón Warlosten fundó la Universidad como centro para la formación jurídica y de divulgación de los principios de libertad, respeto y tolerancia y nunca pensó en intereses personales para él o para su descendencia. Lo sucedieron, en su orden, los Doctores Diego Mendoza Pérez, Ricardo Hinestrosa Daza y Fernando Hinestrosa Forero, quienes cada uno a su manera llenaron de prestigio a la institución. Especialmente este último, quien con su valía y acompañado de un nutrido grupo profesoral la llevó al crecimiento y los niveles de reconocimiento nacional e internacional con la que la dejó a su fallecimiento.

Hoy lo sucede el Dr. Juan Carlos Henao Pérez, a quien le hemos planteado desde hace más de seis años, sin haberlo logrado, la necesidad de institucionalizar la Universidad para tener una debida organización, la transparencia en su Gobierno y la definición de sus paradigmas frente a este siglo XXI, para que se le reconozca por su excelencia más que por el crecimiento de la planta física y del número de matriculados.

Nuestra gran responsabilidad histórica no radica en una sucesión sino en el servicio a las presentes y futuras generaciones. Se requiere de un esquema de Gobierno actuante, que se ocupe con independencia de los varios asuntos por atender como pueden ser entre los varios: la reforma de estatutos; la entrega de información especialmente en el orden financiero; que las cuentas de la institución no se den por aprobadas con el voto de los ordenadores del gasto; que la administración no intervenga en nada en la nominación del Revisor Fiscal, sino que se devuelva la esa facultad al Consejo de Profesores; que la elaboración de las actas se haga de manera creíble y que se respete el derecho a obtener la copia de las mismas; que se tenga un estatuto profesoral en donde en materia de remuneración y estímulos impere la igualdad y no el capricho; que el Consejo Directivo pueda intervenir en la definición y estado de las inversiones y demás bienes de la Universidad; y en definitiva, acabar con ese acaparamiento personal del poder académico, patrimonial y administrativo de la institución.

Se anuncian dos proyectos importantes y necesarios: la auditoría Externa, de la que se espera pueda cumplir su encargo de la manera profesional e independiente; y la elección de un nuevo Consejo Directivo, del que exigimos absoluta independencia en su nominación y gestión.

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